Categoría: Comunicados

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició expediente de investigación por los hechos suscitados en los últimos días en el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán asimismo ha entablado comunicación con familiares de personas privadas de la libertad para conocer la problemática y así atender el tema de manera puntual.

Por ello, hace un llamado a las autoridades de ese Centro de Reinserción Social para que mediante la mediación penitenciaria se abra el diálogo, auto-responsabilización, reconciliación y acuerdo que promueva el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas y se genere la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión, todo ello en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Asimismo, la DDHPO requiere a la autoridad penitenciaria que se implementen las acciones necesarias para que se garanticen los derechos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en particular, el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se mantendrá atenta y vigilante de la situación, realizando las acciones que en su ámbito se requieran para evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió el 17 de mayo de este año una alerta temprana en la que advierte la posibilidad de que ocurran enfrentamientos violentos y se consumen actos graves o de imposible reparación en perjuicio de habitantes del municipio de Santo Domingo Teojomulco y de las comunidades de Recibimiento de Cuauhtémoc, Río Humo y Lachixao, pertenecientes al municipio de Santiago Textitlán.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de esas comunidades para que mediante el diálogo puedan alcanzar la solución pacífica de los conflictos agrarios que generan tensión entre pobladores de las comunidades de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco.

La instancia defensora dirigió su alerta temprana a la Secretaría de Gobierno (SEGO), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General del Estado, así como a los presidentes municipales de Santo Domingo Teojomulco y Santiago Textitlán, además de los agentes de Policía de Recibimiento de Cuauhtémoc, Río Humo y Lachixao.

El organismo público autónomo advirtió asimismo que, de ocurrir algún enfrentamiento u otros actos graves o de imposible reparación, generarían una serie de violaciones a derechos humanos, como lo serían impedir el derecho al libre tránsito, a la legalidad y a la integridad personal, además de que dichas violaciones afectarían también los derechos a la salud, a la educación e inclusive a la vida de habitantes de las comunidades mencionadas.

Previamente, la DDHPO requirió a la SEGO colaborar para que mediante acciones pertinentes con base en el diálogo y la concertación, en coordinación con las instancias de gobierno que pudieran abonar en la atención del caso, se atienda el conflicto que afecta las comunidades de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco.

En cuanto a la SSPC, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le requirió que en coordinación con las instancias del gobierno pertinentes, se establezca un plan de seguridad basado en el respecto a los derechos humanos y en especial los derechos normativos internos de ambas comunidades, con la finalidad de garantizar la seguridad, la paz social y el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco, y demás personas que transiten por esa zona.

Asimismo, el organismo público defensor de los derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de los municipios de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco, para que antepongan el interés común de la población, y el diálogo como medio para solucionar el conflicto existente, velando siempre por el respeto de los derechos humanos.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se mantendrá atenta y vigilante de la situación, realizando las acciones que en su ámbito se requieran para evitar violaciones a los derechos humanos de las y los pobladores de ambas comunidades.

Como parte de la Jornada «Retos y perspectivas de la libertad de expresión en Oaxaca», se llevó a cabo la conferencia magistral «Periodismo Feminista 4.0» impartida por la periodista, Sara Lovera, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez indicó que este proceso formativo es una oportunidad para que las y los estudiantes adquieran herramientas y conocimientos en la materia.

En presencia de la rectora de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, Kelmic Hernández Arreortúa y las periodistas Sara Lovera y Rocío Flores, la Ombdusperson resaltó que este proceso formativo representa un compromiso interinstitucional con las mujeres periodistas, pues el 37 por ciento de las mujeres ejercen esta profesión, por lo tanto indica que no existe una paridad.

Ante ello, detalló que durante este proceso se busca prevenir, promover, analizar y estructurar mecanismos enfocados a proteger los derechos humanos de las mujeres en general, especialmente de las periodistas, asimismo la rectora destacó el trabajo realizado por la DDHPO en la construcción de la Jornada «Retos y perspectivas de la libertad de expresión en Oaxaca», la cual demuestra el compromiso de llevar conocimientos a las instituciones educativas y con ello contribuir en una reeducación para las actuales generaciones.

En su conferencia «Periodismo Feminista 4.0» la periodista Sara Lovera, realizó un recorrido histórico del periodismo e indicó que México es un campo minado por la violencia, pues hasta el año 2002, tres mujeres periodistas fueron asesinadas y más de 480 fueron agredidas de distinta manera, al respecto agregó que las y los periodistas tienen la obligación de informar a la sociedad, pues corresponde a un servicio público resaltar el contexto de violencia en el que se encuentra el país, en el que se hace difícil distinguir su origen, sin embargo ahí se resalta la importancia del periodismo.

Aunado al recorrido histórico, la periodista Sara también hizo mención de las periodistas quienes han tenido escritos, publicaciones y reportajes especializados que han trascendido en el tema feminista tales como Teresa García, Rosa Rojas, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Denisse Dresser y Carmen Lira; mujeres que a pesar de no ser reconocidas fueron un parteaguas en sus reportes y crónicas feministas, pero también mencionó a las periodistas quienes hasta el momento se encuentran perseguidas por sus escritos como Anabel Hernández, Lidia Cacho, Ana Lilia Pérez, Soledad Jarquín y Marcela Turati.

Finalmente Sara Lovera resaltó que México vislumbra un cambio profundo, pues aunque lo parezca; el feminismo no es una moda; se trata de un movimiento que está impulsando cambios en la visibilidad de las mujeres en general, de las propuestas y enfoques feministas, lo cual sin duda es el resultado de un largo proceso de acciones realizadas por las comunicadoras feministas, a lo cual aseguró que el periodismo no cuenta con un género.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora este 3 de mayo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició la Jornada “Retos y perspectivas de la libertad de expresión en Oaxaca” con el Foro: Retos y perspectivas del periodismo en Oaxaca.

Durante el acto inaugural, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez detalló que esta actividad busca generar un espacio de diálogo y reflexión entre estudiantes de la carrera de comunicación y periodistas quienes pueden convertirse en vasos comunicantes de la información, así como en catalizadores de los cambios y promotores de los derechos humanos.

Acompañada por la rectora de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, Kelmic Hernández Arreortúa, las y los comunicadores Paulina Ríos, Alondra Olivera, Omar Aguilar, Jorge Morales y Jorge Luis Plata, la Ombudsperson Elizabeth Lara indicó que, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información son herramientas que ayudan a la sociedad en los procesos de tomas de decisiones, además de que promueve su desarrollo.

Agregó que la libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Al respecto, reiteró que en el ejercicio del periodismo se involucran diversos derechos como: el derecho a la información, la libertad de expresión, además de que favorece la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ello, expresó que es primordial para cualquier sociedad garantizar la libertad de expresión y la libertad de información como principios fundamentales para mantener una sociedad democrática, libre y con pleno respeto a los derechos humanos.

Durante su participación, la rectora de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, Kelmic Hernández Arreortúa indicó que la libertad de prensa es esencial para las sociedades democráticas, libres y participativas, y resaltó que las y los periodistas son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades.

Agrego que, en el mundo entero la libertad de prensa y la seguridad de las y los periodistas están amenazadas, de ahí dijo, la importancia de esta actividad, la cual promueve acciones que guían hacia sociedades justas, en instituciones sólidas.

Durante el Foro “Retos y perspectivas del periodismo en Oaxaca”, el periodista Omar Aguilar indicó que, la labor de las y los periodistas es informar sobre lo que está mal en una sociedad o institución, a fin de que la sociedad pueda generar su propia opinión.

Por su parte, la comunicadora Alondra Olivera señaló que a raíz de las agresiones, amenazas y el asesinato de las que son objeto las y los periodistas en el ejercicio de su labor periodística, decidieron constituir la red de apoyo “Periodismo en riesgo”, pues desde hace dos años a la fecha tienen documentadas 20 agresiones y el asesinato de un periodista.

En su participación, el periodista Jorge Morales compartió desde su experiencia que el periodismo es una profesión que requiere mucha vocación, además de que en los últimos años el riesgo que sufren las y los periodistas se ha incrementado.

Por su parte, el fotoperiodista Jorge Luis Plata explicó que la libertad de expresión es obstaculizada por las agresiones, amenazas y homicidios, así como la censura por parte de las casas editoriales.

Finalmente, la periodista Paulina Ríos indicó que la libertad de expresión es fundamental, pues permite sociedades justas y democráticas. Agregó que, las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas por las futuras generaciones, quienes pueden aprovecharlas para hacer un periodismo influyente tanto en la sociedad como en las autoridades.

Ante el paso de la caravana migrante por territorio oaxaqueño, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana, en la que solicitó a diversas instituciones estatales y federales la adopción de las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la integridad, dignidad y derechos humanos de las personas migrantes y las personas que habitan las comunidades por las que avance la caravana migrante.

El organismo defensor tuvo conocimiento que, la caravana llamada “Viacrucis Migrante” está integrada aproximadamente por 3000 mil personas migrantes de nacionalidad centroamericana, quienes salieron el 22 de abril del presente año del parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, con dirección a la Ciudad de México, a fin de solicitar mayor agilidad en el trámite de sus documentos humanitarios para poder avanzar en su camino a los Estados Unidos.

El organismo defensor indicó que, las personas migrantes se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a diversas condiciones que enfrentan en sus lugares de origen, como: la pobreza, la violencia generalizada, la discriminación, la desigualdad, a fin de buscar mejores condiciones de vida.

Ante este contexto, la Defensoría indicó que, quienes integran la caravana migrante son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren una protección acorde a su condición, pues es obligación del Estado cumplir con lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.

El organismo indicó que para ello, se debe tomar en cuenta que existen diversos derechos a considerar, como lo son: el derecho a vida, libertad, integridad física y psicológica, la salud, la alimentación, así como los derechos de la niñez y de las personas adultas mayores, entre otros.

Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca instó a todas las instituciones y dependencias del Gobierno del estado de Oaxaca, así como aquellas del orden federal que tengan participación en el asunto, para que en el ámbito de su competencia establezcan los mecanismos adecuados de coordinación y atención, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que integran la caravana migrante.

En este sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobierno su colaboración para que, a través del diálogo y la concertación, intervenga en las situaciones que lleguen a presentarse y que puedan trastocar las relaciones armónicas de las comunidades por el paso de la caravana migrante.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con las demás instancias de los gobiernos federal y municipal, realicen las acciones de seguridad y vialidad necesarias para prevenir accidentes y brindar seguridad a las personas participantes en la caravana migrante, así como a las y los habitantes de las comunidades por las que esta avance, dentro del territorio oaxaqueño.

Por otro lado, a la Secretaría de Salud del estado, brindar atención médica y psicológica que requieran a las personas que conforman la caravana migrante.
A la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, elaborar y ejecutar las medidas necesarias para la prevención de situaciones de riesgo que pudieran atentar contra la integridad de las personas migrantes.

Al Sistema Integral de la Familia del estado, para que de acuerdo con sus atribuciones legales, brinde servicios de asistencia social, especialmente a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas mayores, ello en coordinación con la Secretaría de Salud y los municipios.

A los presidentes municipales de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño y aquellos otros por los que transite la caravana migrante, respeten los derechos humanos de las personas migrantes y mediante las instancias de seguridad, salud y asistencia social con las que cuenten, brinden el apoyo necesario en la medida de sus posibilidades.

Al presentar el “Diagnóstico sobre la corresponsabilidad para la reinserción de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Oaxaca”, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez resaltó que esta es una herramienta que busca generar sinergias entre el organismo defensor de derechos humanos y las instancias de gobierno, que permite hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como lograr un proceso de reinserción exitoso.

La Ombudsperson Elizabeth Lara indicó que lograr el pleno acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad requiere que todas las instituciones del Estado asuman un papel activo y corresponsable, que nos permita transitar hacia una visión de derechos humanos, una labor prioritaria y necesaria es analizar las situaciones, necesidades y condiciones que persisten en los Centros de Reinserción Social y ejercicios como el diagnóstico permiten difundir las dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad.

Agregó que, analizar la situación que persiste en estos espacios y conocer sus condiciones y necesidades, es necesario para mejorarlos y este diagnóstico ofrece una oportunidad de comenzar a tener información desde un enfoque de derechos humanos que permita generar políticas públicas eficientes en materia de reinserción social.

Por su parte, al intervenir el subsecretario de Prevención y Reinserción Social Roberto Claudio Castillo Ramírez dijo “que en Oaxaca en el tema penitenciario estamos reprobados, el diagnóstico permitirá generar acciones y caminar hacia la ruta correcta desde la aceptación de que estamos fallando, pero este problema no es único de la entidad, pues el sistema penitenciario en México recibe continuas críticas respecto a su falta de eficiencia en materia de reinserción”.

Mientras que, el representante de ASILEGAL , José Luis Gutiérrez explicó que este diagnóstico especifica la corresponsabilidad de cada una de las instituciones y detalló que se recorrieron ocho Centros de Reclusión en el estado, se entrevistaron a 400 personas privadas de su libertad respecto de la forma en la que se les garantizan su derecho a la salud, trabajo, educación, entre otros, añadió que los resultados hacen evidente que se requieren estrategias que permitan a las instituciones asumir su corresponsabilidad para lograr un proceso de reinserción exitoso, y así garantizar que las personas privadas de la libertad puedan recuperar su proyecto de vida.

La «violencia contra las mujeres» es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (Convención de Belém do Pará).

Para La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), es prioridad estar vigilantes y observadores de que al acceso a la justicia de las mujeres y de las niñas en el Estado de Oaxaca, sea efectiva, pronta y expedita, con estricto apego a los estándares locales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Por lo que, en los casos en que se atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres y las niñas, este Organismo Defensor estará en contacto permanente con las víctimas directas e indirectas para conocer momento a momento que los casos en los que se presuma la comisión de delitos y delitos graves contra las mujeres y las niñas, éstos sean investigados y juzgados con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, de tal manera que tanto en la investigación de los delitos y su sanción se realicen con irrenunciable apego a los protocolos para juzgar con perspectiva de género y aplicando estándares locales e internacionales en derechos humanos de las mujeres, como son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belén Do Pará; La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) por sus siglas en inglés, entre otros; también se tiene como marco legal de aplicación: las sentencias que la propia Corte Interamericana ha fallado contra el Estado Mexicano en la materia, como son la sentencia conocida como “Caso Gonzáles y Otras (Campo Algodonero)”, “Caso: Fernández Ortega” entre otros.

En este contexto La Defensora Elizabeth Lara Rodríguez, reitera su compromiso de ser vigilante en la emisión de las respectivas investigaciones y sentencia en el reciente caso de ataque contra una mujer, que fuera rociada con thinner para posteriormente prenderle fuego, cuyos hechos ocurrieron recientemente en la capital del Estado de Oaxaca.

Finalmente, es pertinente recordar que “con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género”.

Ante el riesgo de que el conflicto post electoral en el municipio de Santiago Atitlán, Mixe, llegue a producir daños de difícil o imposible reparación en detrimento de los derechos humanos de las personas que habitan esa población y sus agencias municipales, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana en la que solicitó una atención integral y efectiva del Estado.

La Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez explicó que han documentado que la conflictividad en Santiago Atitlán ha ido en aumento, además que en el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0056/(14)/OAX/2023, y su acumulado DDHPO/CA/0078/(14)/OAX/2023, registró que se ha limitado el goce de derechos como al libre tránsito a la legalidad, a la integridad personal, así como el derecho a la educación, pues las clases han estado suspendidas a consecuencia de los hechos de violencia.

La Ombdusperson informó que tuvo conocimiento que el 3 de abril pasado, un grupo de personas que se autonombra como autoridades municipales acudieron a la localidad de Santa Cruz y expulsaron de sus domicilios a aproximadamente 30 o 40 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños del Rancho Ardilla como de Agua Cañada a quienes les fueron violados sus derechos al privarles de su libertad y en algunos casos lesionados.

Ante este contexto, la Defensora Elizabeth Lara dijo que se emitió la Alerta Temprana para advertir que se puedan presentar nuevos hechos de violencia que podrían tener desenlaces lamentables y generar una ruptura aún mayor del tejido social, por ello, pidió a la Secretaría de Gobierno que coordine mesas de diálogo para atender de forma integral la problemática y se busquen los mecanismos necesarios para generar las condiciones de convivencias armónica entre los involucrados.

Por parte de la Defensoría se solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que en coordinación con otras instancias de Gobierno, Seguridad y la FGEO, así como la autoridad municipal establezcan un plan de seguridad basado en el respeto irrestricto a los derecho humanos, así como a los sistemas normativos internos del municipio para garantizar la paz social, el libre tránsito y demás derechos humanos, asimismo se le requirió a la FGEO que a la brevedad realice las acciones necesarias para investigar los delitos que se hayan cometido.

Al respecto, Lara Rodríguez señaló que el organismo autónomo instó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que en coordinación con las otras instancias del Gobierno del Estado realice las acciones necesarias para que se pueda brindar con normalidad el servicio educativo en la comunidad.

Por otro lado, al Comisionado Municipal Provisional de Santiago Atitlán, Mixe, se le requirió que dentro del ámbito de sus atribuciones legales y en coordinación con otras instituciones del Estado, así como con los actores sociales y ciudadanía contribuya en generar condiciones de paz, seguridad y consenso que permita continuar la vida comunitaria.

Elizabeth Lara Rodríguez llamó a las personas de Santiago Atitlán, Mixe para que antepongan el interés común de la población y el diálogo como medio para solucionar el conflicto existente y expuso que el conflicto en este municipio es derivado de una problemática intermunicipal debido a que no se ha logrado elegir a sus autoridades conforme el procedimiento que marca el régimen de Sistemas Normativos Internos, por lo que actualmente la figura de autoridad la ejerce el Comisionado Municipal Provisional y a pesar de ello persisten las confrontaciones y conflictos entre los habitantes.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca vigilará el puntual cumplimiento de la presente Alerta Temprana.