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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó la Recomendación 01/2024 a los servidores públicos de la Agencia Municipal de San Francisco Jayacaxtepec y al municipio de Totontepec Villa de Morelos, así como a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tras acreditarse violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal, a la integridad personal, así como al no sufrir desaparición forzada, a la vida, a la verdad y acceso a la justicia después de analizar los hechos y evidencias del expediente DDHPO/133/(14)/OAX/2017 y su acumulado DDHPO/1212/(01)/OAX/2017.

La DDHPO informó que el pasado 30 de enero del 2017, recibió la comparecencia de las víctimas manifestando que el 28 de enero de 2017 habían salido de la población de Santo Domingo Tomaltepec con rumbo a San Francisco Jayacaxtepec, Totontepec Villa de Morelos, Mixe, Oaxaca, sin embargo expusieron que al llegar a la comunidad fueron detenidos en diversos momentos para después ser golpeados, amarrados de las muñecas y vendados de los ojos; cabe destacar que en ese momento, tres de las víctimas fueron amarradas en los pilares ubicados en la Agencia Municipal.

En un segundo momento, las víctimas informaron que a una cuarta persona detenida le habían rociado gasolina en el pie izquierdo y prendido fuego, para después amedrentar a una quinta víctima rociándole gasolina; aseguraron que la noche del 28 de enero, las cinco personas fueron sacadas con los ojos vendados de la cárcel municipal y subidos a una camioneta que se dirigió con rumbo desconocido en un vehículo que más tarde volvió, sin los agraviados a bordo; una acción por la que se habían declarado como desaparecidos.

Con base en los hechos narrados en las denuncias ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Uno Nocturno del Sector Metropolitano que dio inicio a la capeta de investigación 237/DF/ZC/2017 por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y los que se configuraran por las cinco personas antes mencionadas, el 27 y 28 de marzo, días en los que se inició un operativo para localizar a las personas desaparecidas, fueron hallados los restos en una barranca de Santa María Yocochi junto con un vehículo calcinado que correspondían a las personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Ante los agravios citados, la DDHPO requirió el informe de autoridad correspondiente, así como la adopción de medidas cautelares al Ayuntamiento de Totontepec Villa de Morelos, Mixe, a la Fiscalía General del Estado, a la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a la Secretaría General de Gobierno del año en transcurso, luego de tomar la comparecencia de la víctima quien había manifestado la detención de su hijo.

Luego de ser aceptadas las medidas cautelares por parte de la SEGEGO y el personal de la Fiscalía General del Estado se comprometiera a enviar un equipo multidisciplinario a San Francisco Jayacaxtepec, con el propósito de realizar la búsqueda de las cinco personas desaparecidas, los agraviados agregaron que personal de la Fiscalía no se había constituido en el lugar y solamente habían recabado información vía telefónica, aun cuando se presumía de una desaparición forzada de personas y que existía material probatorio que indicaba que se trataba de desaparición forzada y tortura.

En este orden, se requirió que la Fiscalía General del Estado por medio de la Agencia Estatal de Investigaciones implemente las acciones que correspondan a efecto de ejecutar la orden de aprehensión librada en contra de las cinco personas señaladas como probables responsables de los delitos imputados y que se continúe con las etapas del proceso penal.

De igual forma se requirió que para la reparación integral del daño, se realice un acto de disculpa pública en favor de las víctimas, se brinde de manera inmediata el apoyo médico y psicológico de las víctimas indirectas que así lo requieran y finalmente, se solicite el apoyo a las autoridades de la Agencia Municipal de San Francisco Jayacaxtepec para que coadyuven con la Fiscalía en la localización de las personas señaladas como probables responsables.

También, se solicitó la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado para que en coordinación con el Ayuntamiento de Totontepec Villa de Morelos, Mixe, brinden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

En tanto, a la Secretaría de Gobierno solicitó que se implementen procesos de formación permanentes y pluriculturales en derechos humanos dirigidos a las personas elegidas para fungir como autoridades municipales en los Ayuntamientos, Agencias Municipales y Agencias de Policías, a través de Sistemas Normativos Internos previo a su acreditación e inicio de sus funciones.

Por consiguiente, este organismo protector de derechos humanos recomendó al Ayuntamiento de Totontepec, Villa de Morelos Mixe a que se implementen procesos de formación y capacitación en derechos humanos, asimismo se instruya a todos los servidores públicos de ese Honorable Ayuntamiento, principalmente a la Agencia Municipal de San Francisco Jayacaxtepec para que rindan en tiempo y forma los informes solicitados por este Organismo, en este mismo sentido realizar la reparación del daño a las víctimas dentro de un plazo de 90 días hábiles en los términos que establezca la Ley General de Víctimas del Estado de Oaxaca.

Por su parte, se le solicitó a la Fiscalía General del Estado una disculpa pública en favor de las personas agraviadas, asimismo requirió que se brinde de manera inmediata el apoyo médico y psicológico que requieran. También realice instrucciones para que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para la localización y captura de las probables personas responsables con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet.

Finalmente solicitó realizar los procesos de formación a las y los Agentes del Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación y peritos de la Fiscalía para el uso del Protocolo de Estambul, Protocolo de Minnesota sobre la investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.

Con el objetivo de garantizar la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, inauguró este jueves 29 de febrero, en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, la oficina regional “Zona Mixteca”, acompañada de la Maestra Janeth Italivi Salazar López, Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en representación del Presidente Municipal de esta demarcación; al igual que de la Diputada Local, Leticia Socorro Collado Soto; Santiago Barragán Zamora, Cronista de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León; Enrique Santos, Coordinador de la Oficina Regional “Zona Mixteca”, entre otras autoridades y organizaciones sociales, así como del personal especializado que se encargará de atender las quejas o peticiones en esta importante zona del estado oaxaqueño, apelando a la autonomía, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y calidez que caracteriza a este organismo.

Durante la inauguración, los representantes de las diversas instituciones reconocieron el valor de contar con esta nueva oficina regional, asegurando que acciones de esa naturaleza “sólo pueden significar buenas noticias para el pueblo mixteco”.

En la misma sintonía, la Defensora aprovechó su intervención para resaltar la importancia de la instalación de esta oficina, procurando el respeto a los derechos humanos en el municipio de Huajuapan de León, lo que facilitará los servicios que este organismo presta a pobladores de municipios aledaños y a la región en general.

“Las personas usuarios de los servicios que presta la Defensoría deben contar con un espacio digno, donde puedan ser atendidos en condiciones de seguridad, confianza, comodidad y confidencialidad; es por ello que se han dignificado los espacios que ocupa la oficina en esta región; si bien, el espacio es digno, los servidores públicos que laboran en este lugar, deben brindar un trato con calidad y calidez, con responsabilidad y profesionalismo”.

De igual forma, la titular de este Organismo Autónomo reiteró que es prioridad de la Defensoría la protección de los Derechos de otros grupos de la población en situación de vulnerabilidad como las mujeres, la diversidad sexo genérica, los pueblos afro mexicanos, las y los jóvenes, las personas mayores, y en general todas aquellas que por su condición cultural y socioeconómica, sus derechos humanos se encuentren susceptibles de ser disminuidos y expuestos a una situación de discriminación.

Con la inauguración de esta oficina regional, la DDHPO abona al compromiso de garantizar a todos los oaxaqueños de que con plena autonomía se vigila y defiende el respeto y cumplimiento de los derechos humanos ante toda autoridad, puntualizando la preservación del estado de derecho, recalcando que esta acción surge de la necesidad de adecuar las funciones de una nueva Defensoría, en el marco de la Reforma a su Ley Orgánica, aprobada recientemente por el H. Congreso del Estado.

Tras la suspensión de labores del pasado 22 de febrero del 2024 en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” debido a una escasez de agua potable, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió Medidas Cautelares en seguimiento al cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0051/(01)/OAX/2024, solicitando acciones integrales al Estado que eviten producir daños de difícil o imposible reparación en detrimento al derecho a la salud de la ciudadanía oaxaqueña.

En este sentido, la DDHPO informó que al documentarse dichas circunstancias en el nosocomio, considerando el más grande con el que cuenta el Gobierno del Estado en su demarcación territorial, se estarían violentando los derechos de integrantes de grupos vulnerables como son niñas, niños, y adolescentes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, personas con discapacidad, personas mayores, entre otros, y en general a toda la población oaxaqueña.

Por tanto, siendo la salud un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, así como el derecho humano al agua que se erige como derecho de todas las personas; le corresponde al Estado garantizar el acceso a ambos, por lo cual este organismo defensor dirigió estas medidas cautelares a la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca y al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Una vez que la Defensoría analizó los sucesos, considera que la circunstancias cuentan con los riesgos latentes, al presentarse nuevamente una suspensión del servicio de agua potable, lo cual conlleva un peligro inminente para la integridad física y la salud de las personas que acuden a recibir atención médica a dicho hospital, asimismo determinó que es urgente la atención, ya que afecta directamente al personal médico, lo cual puede agravar sus condiciones de salud al no contar con el servicio necesario.

En ese sentido, la DDHPO considera que de no realizarse las acciones necesarias se podrían sufrir daños de imposible reparación a la seguridad jurídica de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas mayores, así como a su integridad física y psicológica, o incluso de su vida en detrimento de sus derechos humanos.

Por ello, solicitó a la Secretaría de Salud de Oaxaca que en el ámbito de su competencia busque el establecimiento de una planta de tratamiento de agua residual adecuada en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, así como la adopción de los mecanismos y acciones efectivas que garanticen los servicios de salud con los que cuenta ese nosocomio.

También solicitó la colaboración al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para que de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias implemente las estrategias necesarias para garantizar el suministro constante y suficiente de agua potable de calidad en dicho nosocomio y de los demás centros de salud públicos, hospitales y clínicas con los que cuente el Estado, a fin de evitar la suspensión de servicios que puedan poner en riesgo la vida de las y los oaxaqueños.

Esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca conforme a sus facultades y competencias se mantendrá vigilante de la actuación de los servidores públicos que integren las instituciones involucradas, asimismo reconoce el derecho a la salud y al agua como un derecho de todas las personas, por ello brindará puntual seguimiento a dichas medidas emitidas y de esta manera evitar probables violaciones graves a los derechos humanos de imposible reparación.

La violencia política por razón de género y la violencia en contra de las mujeres en el ejercicio público, no solo afecta a las mujeres que participan en la toma de decisiones, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad, ya que debilita a un Estado democrático y por ende, limita la participación de toda la ciudadanía, señaló la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, durante la presentación del Informe Especial: “Violencia contra las Mujeres en el Ejercicio Público”.

Acompañada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas; la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Elizabeth Bautista Velasco; la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Tania Caballero y la maestra Agustina Jiménez López, la Ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez resaltó que, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, señala la máxima participación de la mujer en todas las esferas del ámbito político y gubernamental, en igualdad de condiciones.

En ese sentido, indicó que, para dar respuesta a las diversas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres que pretendieron o participaron en procesos electorales entre los años 2015 a enero de 2023, la DDHPO procedió a analizar y a sistematizar la información contenida en los expedientes y cuadernos de antecedentes que se iniciaron durante ese periodo, dando como resultado el presente informe.

El cual, dijo, visibiliza la violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, laboral, verbal y digital en sus diversas manifestaciones, en contra de las mujeres en el ámbito político y electoral, a través de los casos planteados en la DDHPO.

Asimismo, se evidencian graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a una vida libre de violencia en razón de género contra las mujeres, tanto para aquellas que participan en procesos para ocupar cargos de representación popular, así como para las que ejercen la función pública quienes aún, continúan siendo violentadas, esto durante el proceso de su elección y en el ejercicio del cargo.

Por tal motivo, reconoció la importancia de la intervención del organismo protector de derechos humanos, al hacer visible estas conductas negativas en contra de las mujeres, las cuales no deben repetirse.

Ante ello, indicó que es obligación del Estado generar las condiciones de equidad, en la participación de las mujeres en la vida política y en el ejercicio público, a través de acciones afirmativas y ajustes razonables, a fin de garantizar de manera efectiva los derechos humanos.

Por ello, hizo un llamado a las instituciones del Estado, para promover políticas públicas, como las que se proponen en el presente informe, tendientes a erradicar la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento sexual, y la discriminación contra las mujeres, adoptando compromisos para no tolerar ni ser parte de este tipo de prácticas.

Durante su participación, la maestra Agustina Jiménez López, quien fue víctima de violencia política, al querer aspirar la presidencia municipal en su comunidad, agradeció el acompañamiento brindado por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y llamó a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo político en sus comunidades a visibilizar cualquier tipo de discriminación en su contra.

En su intervención, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Elizabeth Bautista Velasco reconoció la importancia de las alianzas interinstitucionales, pues abonan en la construcción de mejores herramientas para contrarrestar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Asimismo, indicó el compromiso de la institución a su cargo, al asumir el compromiso de juzgar casos de violencia política contra las mujeres con perspectiva de género, la implementación de audiencias, ampliando las demandas y dotando a las y los juzgadores de mayores elementos para resolver.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Tania Caballero, indicó que, el presente informe realizado por la DDHPO permitirá a las mujeres, tener una herramienta para identificar cuando están siendo violentadas.

Mientras que, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas hizo un llamado a las instituciones que tienen la tarea de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a asumir con compromiso y responsabilidad las recomendaciones realizadas en el informe presentado por la Defensoría.

El evento, también contó con la presencia de mujeres víctimas de violencia política; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Samuel Gurrión Matías; de la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Genoveva Dulce Javier Agustín; servidoras y servidores públicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), condena enérgicamente el clima de violencia que se ha vivido recientemente en el estado de Oaxaca, entre ellos, las acciones realizadas en Ciudad Administrativa y Judicial, el 28 de noviembre último, al parecer por pobladores del municipio de Santo Domingo Teojomulco, en donde varias personas, entre ellas mujeres, fueron agredidas, originándoles heridas, a consecuencia de estos actos.

La institución autónoma, agregó que, la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetando los derechos de terceros, para que no se pierda su legitimidad.

En este mismo sentido, la DDHPO reprueba los ataques armados ocurridos el 22 y 25 de noviembre, respectivamente, en los municipios de San Miguel El Grande, Tlaxiaco y la agencia municipal de Guadalupe Victoria en Asunción Nochixtlán, ambos pertenecientes a la región de la Mixteca, en donde lamentablemente fallecieron un total de 14 personas y seis más resultaron heridas por armas de fuego.

Para la institución autónoma, resultan sumamente preocupante estos actos de violencia, que vulneran los derechos humanos de la ciudadanía oaxaqueña, por ello, hace un llamado a la Secretaría de Gobierno para que, mediante acciones pertinentes con base en el diálogo y la concertación, en coordinación con las instancias de gobierno que pudieran abonar en la atención de los hechos mencionados, se atiendan las problemáticas planteadas, y se propicie la conciliación y resolución pacífica de los conflictos, anteponiendo el interés común de la ciudadanía y velando siempre por el respeto de los derechos humanos.

Mientras que, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca solicitó realizar las acciones necesarias para investigar los delitos que con motivo de las problemáticas planteadas se hayan cometido.

A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitó que en el marco de sus facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, la seguridad, la paz social y el libre tránsito de las y los habitantes de los pueblos y comunidades del estado, y demás personas que transiten por esas zonas.

Ante este contexto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca insistió en que el diálogo y los acuerdos deben ser los ejes articuladores que permitan establecer procesos de transformación positiva de los conflictos en el Estado.

Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos reiteró su llamado a las autoridades y habitantes, para que privilegien la construcción de la paz, para lo cual es necesario realizar procesos de mediación basados en el diálogo, y con ello garantizar la paz a largo plazo, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana ante un foco de infección y contaminación en las corrientes de los ríos, arroyos y pozos de agua, originado por los lixiviados (líquidos formados por los residuos) procedentes del basurero municipal, situación que pone en riesgo la salud de los habitantes de las colonias de la Agencia Vicente Guerrero y Guillermo González Guardado, ambas pertenecientes al municipio de la Villa de Zaachila.
La DDHPO indicó que, el 20 de octubre del año en curso, se inició el expediente DDHPO/1520/(29)/OAX/2023, con motivo de la comparecencia del agente municipal, y servidores públicos de la colonia Vicente Guerrero, así como representantes de colonias de la zona oriente de la Villa de Zaachila, quienes manifestaron al personal del organismo defensor que, el basurero municipal ubicado en la agencia Vicente Guerrero, se formó en el año 1980, puesto que solo estaría operando veinticinco años, no obstante, continuó operando, sin brindar mantenimiento.
Detallaron que, al transcurrir los años, se fueron creando colonias cercanas al mismo, sin embargo, nuca tuvo un tratamiento adecuado, ni se aplicaron los rellenos que se suponía debían realizar, solo tiraban la basura, haciendo crecer las montañas de basura sin compactar, además de que, en dicho basurero tiraban basura de 28 municipios.
Ante este contexto, en octubre de 2023, personal de esta Defensoría, efectuó un recorrido en el basurero municipal ubicado en la Agencia Vicente Guerrero, así como en las colonias cercanas, detectando un alto grado de contaminación, se localizó líquido llamado lixiviado, el cual recorre la calle principal de la colonia Guillermo González Guardado, así como en los arroyos que desembocan en el río Atoyac.
En dicho recorrido, se entrevistó a representantes de las colonias, quienes manifestaron que el líquido lixiviado ha llegado a los mantos acuíferos, incluyendo nacimientos de agua y pozos, situación que es grave, ya que los niños han nacido con hidrocefalia, debido al consumo de agua contaminada por parte de las madres, también han tenido problemas de la piel y enfermedades del estómago.
Ante ello, la DDHPO dirigió su alerta temprana a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado, a la Dirección General del Organismo Operador Encargado de la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, a la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar del Estado, a la Comisión Nacional del Agua en el Estado.
Así también, a los integrantes del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y a los integrantes del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, para que, en coordinación con las demás instancias de Gobierno, establezcan algún plan o medida integral que atienda la problemática de contaminación precisada, misma que deriva de los residuos contaminantes del basurero municipal ubicado en la Agencia Vicente Guerrero, esto en atención a que la contaminación de que se trata, ha llegado a contaminar arroyos, pozos y ríos.
En cuanto, a la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, en coordinación con las demás instancias de Gobierno, solicitó establecer un plan o medida integral que atienda la problemática de contaminación precisada, puesto que, existen comercios de comida, ubicados cerca de los lixiviados, así como la presentación de enfermedades por parte de habitantes de las colonias cercanas, debido a la contaminación.
A la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que, en coordinación con las demás instancias de Gobierno, establezca algún plan o medida integral que atienda la problemática de contaminación, esto en atención a que entre la población afectada se encuentran niñas, niños y adolescentes.
Sobre lo antes expuesto, la DDHPO informa que las autoridades involucradas ya fueron notificadas, por ello, este organismo protector de derechos humanos en el ámbito de sus facultades y atribuciones dará un puntual seguimiento a esta Alerta Temprana con la finalidad de evitar posibles violaciones a los derechos humanos de imposible reparación.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través del monitoreo permanente que realiza en los medios de comunicación sobre temas relacionados con los Derechos Humanos, en los últimos días ha conocido de casos e iniciado las investigaciones correspondientes sobre la actuación de integrantes de las Policías Municipales de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlán, en la mayoría de los casos haciendo uso de la fuerza en contra de mujeres.

Este organismo autónomo hace un llamado a todas las instituciones de seguridad pública del estado de Oaxaca, en particular a sus mandos, para que permanentemente verifiquen el adecuado uso de la fuerza que realizan todos sus subordinados, conforme al principio de rendición de cuentas y vigilancia establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Asimismo, recuerda que bajo los estándares nacionales e internacionales sobre uso de la fuerza y actuación policial, las instituciones policiales deberán contar con protocolos y procedimientos que atiendan a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, personas en contexto de movilidad humana, así como la protección de los derechos humanos.

Esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, conforme a sus facultades se mantiene vigilante de la actuación de los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, y al igual que la ciudadanía reconoce que el derecho a la vida y a la seguridad son la base para el desarrollo de la persona y el ejercicio cabal de otros derechos, por lo cual la debida actuación de las personas encargadas de la seguridad pública es necesaria para la adecuada vigencia del estado de derecho.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca puso en marcha este 30 de octubre último, en San Juan Bautista Tuxtepec, la campaña “Créeme si te digo…”, la cual cuenta con un cartel, un tríptico y un video informativo para promover la escucha activa y atenta como medida de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto inaugural, la Ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez indicó que, otros de los objetivos son: impulsar la comunicación asertiva en la familia, así como entre responsables y cuidadores con niñas, niños y adolescentes; fomentar la libre expresión, la autoestima y el autocuidado del cuerpo de niñas, niños y adolescentes, así como la generación de competencias en responsables y cuidadores para que identifiquen las señales de alerta de violencia sexual, a fin de que actúen de acuerdo con los sistemas de protección y restitución de derechos.

En presencia de la coordinadora del Proyecto PrevaleSER de Solidaridad Internacional Kanda A.C., Esperanza Cárdenas Salcido; el director del Centro de Integración Social número 27 “Julio de la Fuente”, de San Juan Bautista Tuxtepec, Juan Pérez Hernández; la integrante del colectivo Siempre Alerta, Perla Cruz y del supervisor escolar de la zona número 42, Luis Antonio Lorenzo, la Defensora Elizabeth Lara Rodríguez indicó que, la violencia sexual es una realidad que lacera la integridad física, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, de la cual poco se habla, pero que provoca un sentimiento de coraje e indignación.

Indicó que, de acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Agregó que, este tipo de violencia generalmente permanece en silencio porque las personas a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes no ponen atención en los signos que pueden alertar sobre la ocurrencia de tales agresiones, originando que en muchos de los casos esta problemática social sea ignorada.

La titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez resaltó que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en espacios libres de violencia, para crecer felices, en armonía y a ser protegidos.

Por ello, indicó que para lograr los objetivos de la presente campaña, es necesario construir un trabajo en conjunto con instituciones del Estado y de la sociedad civil, pues “una nación con valores sólidos se fundamenta en el desarrollo sano, físico y mental de las niñas, niños y adolescentes”.

Durante su participación, la coordinadora del Proyecto PrevaleSER de Solidaridad Internacional Kanda A.C., Esperanza Cárdenas Salcido señaló que es obligación de las personas adultas proteger a niñas, niños y adolescentes y llamó a denunciar, la violencia sexual, un delito grave que atenta contra ellas y ellos.

Mientras que, la integrante del colectivo Siempre Alerta, Perla Cruz alentó a niñas, niños y adolescentes a hablar, decirle no al silencio y contar todo lo que pasa en sus vidas y a luchar por sus sueños. Agregó que, el colectivo Siempre Alerta se mantendrá trabajado hasta que cada niña, niño y adolescente sea libre de todo tipo de violencia.

Finalmente, el director del Centro de Integración Social número 27 “Julio de la Fuente”, Juan Pérez Hernández reconoció el trabajo de la institución autónoma para llevar a cabo este tipo de acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto inaugural, se contó también con la presencia de alumnas y alumnos, directoras, directores, supervisores, jefes de sector y profesorado del Sistema de Educación Básica en el estado, organizaciones de la sociedad civil, así como padres y madres de familia.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dirigió la Recomendación 07/2023 a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por acreditarse violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia en su modalidad de indebida procuración de justicia, verdad, así como al interés superior de la niñez, cometidas por Agentes del Ministerio Público, en la integración de una averiguación previa iniciada en el año 2015.

El 3 de septiembre de 2016, se recibió en esta DDHPO la comparecencia de las víctimas, quienes manifestaron que debido al fallecimiento de su hijo, acontecido el 5 de septiembre de 2015, en un accidente de tránsito en la ciudad de Oaxaca, se inició la averiguación previa correspondiente, en la cual los Agentes del Ministerio Público que en su momento tuvieron la responsabilidad de su integración, incurrieron en omisiones en la investigación practicada, impidiendo de esa forma el poder acceder a la justicia y a la verdad. Al tener conocimiento del caso, personal de esta Defensoría solicitó diversos informes a la FGEO, y se consultó la averiguación previa radicada en la Mesa de Asuntos Relevantes del Sistema Mixto Tradicional de la Vicefiscalía General Zona Centro de la FGEO.

Con base en las evidencias obtenidas por esta DDHPO se pudo acreditar que los acuerdos emitidos el 26 de octubre de 2015 y 5 de agosto de 2021, por Agentes del Ministerio Público de la FGEO, carecieron de una adecuada fundamentación y motivación, contrariando con ello el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuentemente vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad de las víctimas.

Asimismo, esta Defensoría evidenció que los Agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de la averiguación previa, no actuaron con la debida diligencia en su integración, provocando con sus omisiones que se dificultara la investigación, y consecuentemente se vulneraran los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y verdad, así como al interés superior de la niñez en perjuicio de las víctimas.

Ante tales agravios, la DDHPO solicitó a la FGEO se coordine con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Oaxaca, para la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, y se proceda a la reparación integral del daño que se les causó, que incluya una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, y se les otorgue la atención médica y psicológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas en el que se deberá considerar la rehabilitación y proveerle de los medicamentes convenientes a su situación.

De igual forma, se requirió se realice un estudio técnico-jurídico de la carpeta de investigación radicada en la Mesa de Asuntos Relevantes del Sistema Mixto Tradicional de la Vicefiscalía General Zona Centro de la FGEO, con la finalidad de que se agilicen las investigaciones respectivas para su debida integración y perfeccionamiento, de tal manera que las víctimas tengan un debido acceso a la justicia y a la verdad en el esclarecimiento de los hechos; así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, ofreciendo una disculpa pública a las personas agraviadas.

Asimismo, se solicitó se diera vista de las irregularidades cometidas por las personas servidoras públicas a la Visitaduría General de la FGEO, a fin de que se iniciara la investigación administrativa respectiva; además de implementar un curso integral para los Agentes del Ministerio Público, sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia, verdad e interés superior de la niñez.

La recomendación 07/2023 ya fue notificada a su destinatario.

Ante el riesgo de que el conflicto por límites territoriales entre la comunidad de San José Quianitas y la cabecera municipal de Santa María Quiegolani, distrito de Yautepec, llegue a producir daños de difícil o imposible reparación en detrimento de los derechos humanos de las personas que habitan esas comunidades, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana en la que solicitó una atención integral y efectiva del Estado.

La DDHPO informó, que la agencia de policía de San José Quianitas y Santa María Quiengolani, sostienen un añejo conflicto de límites territoriales, lo cual originó que el pasado fin de semana se suscitara un nuevo hecho de violencia, causando el bloqueo del libre tránsito, el corte del sistema eléctrico y la agresión de habitantes en la zona.

Por ello, la instancia defensora dirigió su alerta temprana a la Secretaría de Gobierno (SEGO), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de Salud Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a la Fiscalía General del Estado (FGEO), así como al presidente municipal de Santa María Quiegolani y al agente de policía de la comunidad de San José Quianitas.

En este sentido, la Defensoría solicitó a la SEGO su colaboración para que mediante acciones pertinentes con base en el diálogo y la concertación, en coordinación con las instancias de gobierno que pudieran abonar en la atención del caso, se atienda la problemática que afecta las comunidades y se propicie la conciliación y resolución del conflicto.

Asimismo, requirió a la SSPC su colaboración para que en coordinación con las instancias del gobierno pertinentes, se establezca un plan de seguridad basado en el respecto a los derechos humanos y en especial los derechos normativos internos de ambas comunidades, con la finalidad de garantizar la seguridad, la paz social y el libre tránsito de los habitantes de las comunidades de San José Quianitas y Santa María Quiegolani, y demás personas que transiten por esa zona.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado, la DDHPO solicitó realizar las acciones necesarias para investigar los delitos que con motivo de la problemática planteada se hayan cometido.

Por su parte, a los Servicios de Salud de Oaxaca, se le solicitó su colaboración para que en caso de requerirse se brinde la atención médica especializada y de calidad a los habitantes que resulten afectados en su salud con motivo del presente conflicto, a fin de garantizar su derecho a la salud.

Asimismo, el organismo público defensor de los derechos humanos hizo un llamado a la agencia de policía de San José Quianitas y el municipio de Santa María Quiegolani, para que antepongan el interés común de la población, y el diálogo como medio para solucionar el conflicto existente, velando siempre por el respeto de los derechos humanos.