Autor: Dirección de Comunicación Social DDHPO

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, bajo la premisa orientadora del rol esencial que tienen las víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas y tomando en cuenta los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sostuvo un encuentro con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Como resultado de la mesa de trabajo conjunta entre la DDHPO con colectivos y familiares de personas desaparecidas, y con el objetivo de visibilizar y superar las principales problemáticas que se viven en los procesos de búsqueda y acceso a la justicia ante las diversas autoridades, se plantearon líneas de acción para un trabajo coordinado entre los participantes.

En este sentido, la DDHPO se comprometió, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, a intervenir y dar acompañamiento a petición de los colectivos y familiares de personas desaparecidas en los procesos de búsqueda en general, reuniones de trabajo con autoridades y en particular en el diseño, revisión, implementación y evaluación de los planes de búsqueda que se elaboran en las instancias competentes, con el fin de que éstas acciones se realicen cumpliendo los estándares nacionales e internacionales para garantizar el derecho de las víctimas directas a ser buscadas de manera amplia y exhaustiva.

Asimismo, el organismo defensor a convocatoria de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, podrá dar acompañamiento a las actividades que éstos realicen y tengan relación con el tema de las desapariciones en el Estado de Oaxaca. En este acompañamiento, la Defensoría retoma la exigencia de los colectivos y familiares de personas desaparecidas para que las instituciones y autoridades sean empáticos en la atención del tema, cuenten con personal sensibilizado y capacitado para atenderlos.

De igual forma, la Defensoría con un firme compromiso con la mejora continua y mayor acercamiento con los familiares de víctimas y colectivos, de manera coordinada informará puntualmente el avance en los casos que éstos han presentado ante este organismo protector de los derechos humanos. Así también fortalecerá los mecanismos para la atención inmediata y seguimiento de casos relacionados con reportes de personas desaparecidas.

Esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca asume los compromisos con los colectivos y familiares de personas desaparecidas, y recuerda que recientemente el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en las Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención (aprobadas por el Comité en su 25º periodo de sesiones 11-29 de septiembre de 2023) recomendó al estado mexicano: “Garantizar la participación de los familiares, allegados, representantes de las personas desaparecidas, y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda e investigación, sin que ello implique que dichas personas se deban encargar de los mismos, ni que tengan la responsabilidad de producir las pruebas para la investigación”. Por ello, el trabajo de la DDHPO en el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas es y será bajo la premisa del derecho de las víctimas directas a ser buscadas de manera amplia, coordinada y permanente por todas las autoridades competentes y con una estrategia integral.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación O5/2023 al Municipio de Tlacolula de Matamoros, luego de haber acreditado violaciones a los derechos humanos, relativos a la Buena Administración, al acceso al Agua Potable y a la Salud, en perjuicio de pobladores del fraccionamiento Rancho Valle del Lago, ubicado en Tlacolula de Matamoros.

El 14 de julio de 2023, la DDHPO recibió el escrito de habitantes de las manzanas 18-19 del fraccionamiento Rancho Valle del Lago, quienes manifestaron haberse percatado que, sobre la 2ª calle de Lago Hurón, el suministro de agua potable que abastecía sus domicilios se estaba contaminando en algún punto con la red de drenaje de aguas negras, ya que el vital líquido presentaba un color turbio y olor a desagüe. Detallaron que, a partir de ese suceso vieron afectada su salud, originándoles malestares como: fiebre, diarrea, vómito y enfermedades cutáneas, razón por la cual se vieron en la necesidad de acudir al médico o incluso internar a sus familiares en clínicas u hospitales por la gravedad de los padecimientos presentados.

Dicha problemática, se hizo del conocimiento de las autoridades municipales de Tlacolula, quienes fueron omisos en atenderla, bajo el argumento de que los servicios no estaban municipalizados. De igual manera, indicaron que solicitaron la intervención de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Estado, cuyo personal tomó muestras del agua detectando la presencia de coliformes fecales, determinado que los parámetros se encontraban fuera de la normatividad establecida.

Con base en las evidencias obtenidas, la DDHPO acreditó violaciones a los derechos humanos en agravio de los habitantes de las manzanas 18-19 del Fraccionamiento Rancho Valle del Lago, ubicado en Tlacolula de Matamoros, relativas al derecho a la Buena Administración, al acceso al agua potable y a la Salud.

Ante ello, la DDHPO recomendó al Municipio de Tlacolula de Matamoros, instruir a quien corresponda, para que de manera inmediata se realicen los trabajos de reparación y/o cambio de tubería de las redes de agua potable y de drenaje o aguas residuales en las manzanas 18 y 19 del fraccionamiento Rancho Valle del Lago, a efecto de evitar daños de difícil o imposible reparación en la salud de los habitantes de dicha zona; así como realizar un acto de reconocimiento y disculpa pública en favor de las personas afectadas.

De igual forma se solicitó, instruir a quien corresponda, para que antes de conceder un permiso para la construcción de fraccionamientos, se verifique que el proyecto de construcción se encuentra de acuerdo a los lineamientos y cumple con los requisitos establecidos. Además, se requirió implementar procesos de formación y capacitación en Derechos Humanos, Gobierno Abierto y Buena Administración, dirigido a todo el personal del Ayuntamiento, quienes también deberán rendir en tiempo y forma los informes solicitados por este Organismo con motivo de las quejas que sean planteadas.

En la misma medida, la Defensoría solicitó la colaboración de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Estado de Oaxaca, a efecto de que se investigue la probable responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido personas servidoras públicas del citado Municipio, en los hechos por esta vía analizados, y en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes. De la Secretaría de Salud del Estado y de la Dirección General de Servicios de Salud de Oaxaca, se pidió instruir a la jurisdicción sanitaria que corresponda, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, brinde la atención médica integral que requieran las personas afectadas.

A la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, generen las acciones que correspondan para que las personas agraviadas, tengan acceso a una reparación integral del daño y se le brinden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición. También se solicitó la colaboración de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, para que en coordinación con la autoridad municipal, generen las acciones que correspondan para que los habitantes de las manzanas 18 y 19 del Fraccionamiento Rancho Valle del Lago, tengan acceso al agua potable y al adecuado saneamiento de la misma, a efecto de que pueda ser de uso humano.

La recomendación 05/2023 ya fue notificada a su destinatario.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dirigió la Recomendación 04/2023 a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por la detención y retención arbitraria, así como por la agresión perpetrada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependientes de esa institución, en contra de una persona en el Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a quien se le vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal.

Ante ello, la Defensoría Regional de Nochixtlán, recibió el 29 de enero del 2019, el escrito de queja presentado por la víctima, en el que relató que el 28 de enero del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, fue detenido arbitrariamente, agredido física y psicológicamente por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la FGEO. Al tener conocimiento del caso, personal de esta Defensoría solicitó información a la FGEO, además se recabaron testimonios de personas que presenciaron el suceso, y se consultó la carpeta de investigación radicada en la Unidad Especial de Tortura de la de la FGEO.

Con base en las evidencias obtenidas por esta DDHPO se pudo acreditar que el día de los hechos, las personas servidoras públicas de la Agencia Estatal de Investigaciones de la FGEO, no respetaron los lineamientos legales, constitucionales y convencionales al privar de la libertad, detener y retener arbitrariamente a la víctima sin orden de aprehensión, ni encontrarse acreditada la flagrancia o caso urgente; por tanto, vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal.

De igual forma, esta Defensoría evidenció que desde el punto de vista médico y psicológico, y con base en las directrices dispuestas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), se contaron con elementos concordantes y congruentes de abuso físico y psicológico relacionado con un alegato de tortura y/o malos tratos en agravio de la víctima, que vulneraron su derecho a la integridad y seguridad personal.

Ante tales agravios, la DDHPO solicitó a la FGEO se coordine con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y/o con la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, para la inscripción del agraviado en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, y se proceda a la reparación integral del daño que se le causó, que incluya una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, y se le otorgue la atención médica y psicológica que requiera, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas en el que se deberá considerar la rehabilitación y proveerle de los medicamentes convenientes a su situación.

En la misma medida, se requirió se realice un estudio técnico-jurídico de la carpeta de investigación radicada en la Unidad Especial de Tortura de la FGEO, con la finalidad de que se agilicen las investigaciones respectivas para su debida integración y perfeccionamiento, de tal manera que la víctima tenga un debido acceso a la justicia y a la verdad en el esclarecimiento de los hechos; así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, ofreciendo una disculpa pública a la víctima.

Asimismo, se solicitó se implemente un curso integral al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, así como a la integridad y seguridad personal, además de diseñar un Protocolo de Actuación Policial con objeto de que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realicen actos de investigación previos, profesionales y adecuados para la ejecución de mandamientos judiciales o ministeriales, que permitan corroboran fehacientemente la identidad de la persona que se pretenda detener.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 03/2023, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad y autonomía reproductiva en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción y derecho a una vida libre de violencia en la modalidad de violencia obstétrica y, al derecho a la protección de la salud, inadecuada atención médica, atribuibles a personal adscrito del Hospital General de San Pedro Pochutla, dependiente de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca (SSO).

La DDHPO indicó que recibió la queja presentada por la ciudadana A.H.M., quien manifestó que fue internada en el Hospital General de San Pedro Pochutla para la práctica de una cesárea, ocasión en la que nació su hija menor de edad, la cual permaneció dos meses en una incubadora y ella fue dada de alta cuatro días después de su intervención quirúrgica, pero que desde su alta sintió molestias, las cuales las atribuyó a la cesárea que le habían practicado.

Detalló que, con el tiempo los dolores se volvieron más intensos, en consecuencia acudió a una clínica particular en Pinotepa Nacional, y después de varios estudios le diagnosticaron un textiloma (masa compuesta por una matriz de algodón que es olvidado en una cavidad, posterior a una intervención quirúrgica). Ante ello, decidió acudir al Hospital de La Amistad en Ometepec, Guerrero, lugar en el que la intervinieron quirúrgicamente para retirarle el textiloma y debido al estado de gravedad y complicaciones que ya presentaba le extirparon parte de su intestino.

Indicó que, durante este proceso le hicieron del conocimiento que previamente le habían realizado una salpingoclasia, lo cual sucedió al realizarle la cesárea en el Hospital General de San Pedro Pochutla, sin embargo, en dicho nosocomio en ningún momento se le informó o le solicitaron su consentimiento para realizarle dicho procedimiento.

Con base en lo anterior, la Defensoría precisa que una vez que se examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/049/RC(11)/OAX/2019, iniciado con motivo de la queja presentada ante este Organismo por la ciudadana A.H.M., se acreditaron violaciones graves a sus derechos humanos a la libertad y autonomía reproductiva y, a la protección de la salud.

Ante ello, la DDHPO recomendó a la SSO se inicien procesos de revisión de los Hospitales dependientes de esa secretaría, para que se verifique constantemente la aplicación a las Normas Oficiales Mexicanas y en caso de que se observen irregularidades, se inicien procedimientos de responsabilidad a que haya lugar.

Asimismo, se le proporcione a la agraviada la atención psicológica correspondiente, a fin de realizar todas las acciones tendientes a brindar la reparación del daño, y se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio y disculpa pública en favor de la víctima.

Dentro de la misma medida, la DDHPO solicita que, se fortalezca la Red Obstétrica de los Hospitales de los SSO, dotando a las unidades que la conforman, con personal debidamente capacitado, así como implementar procesos de formación dirigidos a los médicos adscritos a los hospitales generales regionales del Estado.

Entre los puntos recomendatarios, este organismo protector de derechos humanos solicita a la SSO se inicie y se concluya Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra del personal médico del Hospital General de San Pedro Pochutla, que participó en la intervención quirúrgica cesárea y OTB realizada a la promovente por las violaciones a sus derechos humanos en las cuales incurrieron.

Dentro de la Recomendación la DDHPO, solicitó la colaboración de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones, estrategias y programas de formación para el personal médico, que garanticen el derecho a una vida libre de violencia obstétrica y a la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Finalmente, el organismo defensor de derechos humanos concluye al solicitar la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, la cual deberá ser informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ante el aumento de la presencia de personas extranjeras en contexto de migración internacional que transitan por el Estado de Oaxaca, ha impulsado que las distintas autoridades y poderes del Estado, en el ámbito de sus competencias y desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, emprendan acciones para atender las problemáticas que se presentan ante este fenómeno.

El trabajo de la Defensoría al respecto del tema ha sido amplio e integral, en las últimas cuatro semanas ha documentado diversas problemáticas generadas principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca. El 28 de agosto del presente año este Organismo Defensor de los Derechos Humanos emitió la Alerta Temprana número 04/2023 en la cual la Defensoría ya advertía sobre el tema y solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la Dirección General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca, así como a diversas autoridades municipales de la Región del Istmo. Asimismo, derivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los casos de su competencia por las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Migración.

Por otra parte, en la ciudad de Oaxaca, los días 22 y 29 de agosto del presente año la Defensoría sostuvo reuniones con las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez, quienes ya advertían igualmente el aumento de la presencia de migrantes extranjeros en las calles de la capital del Estado y los diversos impactos en la comunidad.

Es así como el pasado 14 de septiembre, ante la falta de respuesta coordinada a esas problemáticas por las diversas instancias gubernamentales, se suscitó en la ciudad de Oaxaca una protesta de habitantes de la comunidad, quienes expresaron la ausencia de una gestión integral y adecuada de la presencia creciente de personas migrantes extranjeras en zonas muy focalizadas de la ciudad. Por ello, la Defensoría emitió medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la Directora General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca, al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez y al Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, realizaran todas las acciones necesarias para garantizar la atención humanitaria de urgencia a las personas en contexto de movilidad internacional que se encontraban en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca, de manera prioritaria para aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad.

Asimismo se pidió la colaboración del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional para que, en el ámbito de sus competencias, atendieran la problemática expuesta relacionada con las personas en contexto de migración.

Es de resaltar que ante esos hechos fue principalmente la sociedad civil, la que tuvo que intervenir y actuar para mitigar los efectos más graves de la problemática, principalmente otorgando ayuda humanitaria y alojamiento a familias y personas en situación de especial vulnerabilidad.

De igual forma, ante la complejidad de los problemas, esta Defensoría ha profundizado los llamados a actuar en favor de las personas en contexto de movilidad humana, por lo que como acciones complementarias en seguimiento a la Alerta Temprana número 04/2023 solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, que intervenga ante los abusos reportados por personas migrantes extranjeras, habitantes de diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec e incluso autoridades de esa región, quienes han señalado que empresas de autotransporte cobran a los migrantes extranjeros tarifas de transporte público a un precio mucho mayor al establecido. Igual se solicitó la intervención, en el ámbito de sus atribuciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca.

Esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acogido el Pacto Mundial para una migración Segura, Ordenada y Regular como un marco importante para mejorar la gobernanza migratoria que pone a las personas migrantes y sus derechos en el centro y que ofrece una importante oportunidad para reforzar la protección de los derechos humanos de todas las personas, al respecto, el Pacto al hablar de las responsabilidades compartidas precisa que: “… es necesario aplicar un enfoque integral para optimizar los beneficios generales de la migración, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino.”

Con el propósito de evitar violaciones masivas a derechos humanos de las personas extranjeras de difícil o imposible reparación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dirigió la Alerta Temprana 04/2023, a las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos y a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, instancias dependientes del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como a los Municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, ante el incremento de flujos de personas extranjeras en contexto de migración internacional.

En el marco de sus atribuciones, los días 24, 25 y 26 de agosto de 2023, personal de esta DDHPO realizó recorridos en los municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, ubicados en la región del Istmo.

De la información proporcionada por autoridades municipales se evidenció que en las últimas semanas se ha generado un incremento considerable de personas migrantes que transitan por esa región, siendo aproximadamente entre 200 a 500 extranjeros que diariamente circulan por esos municipios, provenientes principalmente de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Chile, Ecuador y Senegal, quienes se integran en grupos, en los que se encuentran Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Se constató que la mayoría de las personas extranjeras se concentran en las terminales de autobuses o en tiendas de conveniencia a la espera de que sus familiares les realicen depósitos de dinero para comprar boletos con destino principalmente a la Ciudad de México o al norte del país, lo que ha ocasionado que muchos duerman sobre las banquetas de las calles aledañas, provocando la saturación de los servicios sanitarios y de transporte, situación que complica la prestación de dichos servicios para la población que regularmente habita esos municipios, lo que podría generar un conflicto social.

Por otra parte, esta DDHPO evidenció que agentes del INM y de la Guardia Nacional, obligan a las personas extranjeras a bajar de los autobuses en los que se transportan, impidiéndoles continuar con su trayecto, indicándoles que si quieren llegar a su destino lo hagan caminando, sin importar que en los núcleos familiares viajaban NNA, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, eventos que ocurren de día, noche y madrugada. Aunado a lo anterior, existen algunas empresas de transporte público, que se niegan a venderles boletos a los migrantes, bajo el argumento de que son órdenes del INM.

Estos impedimentos, obligan a las personas extranjeras a buscar otras alternativas de transporte, como son taxis y moto taxis, quienes ofrecen sus servicios para evadir los filtros migratorios a cambio de cuotas elevadas. Asimismo, se pudo detectar el servicio de autobuses que de manera clandestina les ofrecen el transporte hacia la Ciudad de México a cambio de cantidades excesivas de dinero, lo que en muchas ocasiones favorece que las personas migrantes caigan en redes de traficantes, cuyos transportes en ocasiones se han visto involucrados en accidentes carreteros.

También, se comprobó que grupos de personas migrantes se ven en la necesidad de realizar largas caminatas sobre la carretera que conecta con los diferentes municipios que conforman la zona del Istmo, sin contar con los insumos necesarios para protegerse de las altas temperaturas de la región, exponiendo a NNA, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, a sufrir violaciones a sus derechos humanos, confirmando además que no existe presencia de alguna autoridad federal, estatal o municipal que brinde ayuda humanitaria a las personas extranjeras.

Bajo este contexto social, se solicitó a la Secretaría de Gobierno, que a través del diálogo y la concertación, intervenga en las situaciones que llegaren a presentarse y que pudieran trastocar las relaciones armónicas de las comunidades por el tránsito de las personas migrantes. Por su parte, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le pidió que en coordinación con las instancias de los gobiernos federal y municipal, se realicen las acciones de seguridad y vialidad necesarias para prevenir accidentes y brindar seguridad a las personas que transiten por la región de Istmo, así como a los habitantes de esas comunidades.

También se requirió a la Secretaría de Salud del Estado, para que brinde atención médica y psicológica en caso de que así lo requieran las personas migrantes, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que otorgue servicios de asistencia social, especialmente a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, en coordinación con la Secretaría de Salud y los municipios. Del mismo modo, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se le solicitó la elaboración y ejecución de las medidas necesarias para la prevención de situaciones de riesgo que pudieran atentar contra la integridad de las personas migrantes.

Finalmente, se instó a los Presidentes Municipales de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, para que a las personas migrantes que transiten por sus demarcaciones, se les respeten sus derechos humanos y a través de las instancias de seguridad, salud y asistencia social con las que cuenten, se brinde el apoyo necesario en la medida de sus posibilidades.

La alerta temprana 04/2023 ya fue notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página web de esta Defensoría.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (CODIGO DH), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), signaron este 10 de agosto del 2023, un acuerdo para el “Reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca”, a fin de fortalecer el reconocimiento y la protección, frente a las agresiones a las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos.

El acuerdo, establece las acciones y estrategias que cada una de las instituciones participantes realizará desde el ámbito de sus facultades y atribuciones, las cuales buscan favorecer y reconocer la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas: la implementación de campañas institucionales con materiales educativos e informativos; procesos de formación y capacitación, con especial énfasis en estándares internacionales; la generación de espacios de diálogo y políticas públicas y en la materia; atención integral, así como el fortalecimiento de las medidas de protección y cautelares para las víctimas.

Durante su participación, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez reconoció los esfuerzos realizados por CODIGO DH, para llevar a cabo la firma del acuerdo, pues cada vez se hace más necesaria la participación de la sociedad civil organizada en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Y resaltó que, las actividades que han desarrollado las personas defensoras de derechos humanos han sido determinantes para consolidar instituciones de defensa de derechos humanos, en su labor de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sea observado y que la sociedad civil conozca y exija sus derechos.

Agregó, que dichas acciones fortalecen las capacidades institucionales y con ello se avanza en la consolidación de un estado democrático. Por ello, reiteró que este documento, es muestra de que la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos puede ser más eficaz si se conjuntan las capacidades institucionales del Estado y de la sociedad civil.

Por ello, la Ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez, indicó que la atención en la procuración de justicia, seguridad e investigación en la defensa de los derechos humanos hacía las y los defensores deben de ser oportunas, eficaces y eficientes, así también deben ser diferencias, bajo criterios de no discriminación, igualdad, interseccionalidad e inclusión.

La coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C., Sara Méndez Morales detalló que, este documento tiene el compromiso de consolidar un Estado democrático donde se garantice el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras en el estado.

Por su parte, el fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que, esta alianza interinstitucional permitirá atender de manera pronta y expedita los casos que se presenten, a fin de garantizar la procuración de justicia de las víctimas directas e indirectas.

Mientras que, la titular de la CADH Flor Estela Morales Hernández resaltó que, la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para la sociedad. Para ello, dijo, es obligación de las instituciones construir escenarios seguros que garanticen el ejercicio de las y los defensores de derechos humanos.

Finalmente, el subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rolando Iván Borde García señaló que la firma del acuerdo es un paso significativo para la garantía de un espacio seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, pues son ellas y ellos quienes hacen que la voz de todas y todos sean escuchadas y respetadas.

Atestiguaron los compromisos plasmados en el acuerdo, las y los integrantes de; la embajada de Noruega en México, Fernando Lorenzo Abril; de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, Markus Kloecker; del Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Alexandra Jiménez Martínez y en representación de Protección Internacional, Enrique Egurén.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), realizó este miércoles 26 de julio, la inauguración de la nueva oficina regional “Zona Istmo” en Ciudad Ixtepec, a fin de brindar un servicio con trato humano y digno para todas y todos.

La titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez destacó la importancia de la dignificación de estas instalaciones en esta zona del Istmo, en presencia de la consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, Dulce Lucía Arroyo, el presbítero y director del Albergue «Hermanos en el Camino», José Alejandro Solalinde Guerra, servidoras y servidores públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos de la región.

Lo anterior, a fin de brindar servicios con personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos, y que además de tener conocimientos en la materia sean sensibles a las situaciones que viven las víctimas.

“Los procesos que iniciamos en la DDHPO, implican el fortalecimiento de las capacidades institucionales para dar una respuesta profesional, humana y adecuada a las víctimas; este camino necesariamente debe ser incluyente, atender a todas las personas sin discriminación, pues la igualdad y equidad son principios que permiten dar un servicio a quienes por diversas razones se encuentran en situación de vulnerabilidad”, indicó.

Y resaltó que, esta oficina regional tendrá la responsabilidad de acercar a todas y todos los servicios que brinda la institución defensora de derechos humanos. Para ello, reiteró que esta oficina regional, contará con personal capacitado para recibir y atender las quejas o peticiones de manera presencial en sus nuevas oficinas, así también vía telefónica y, en su caso acudir a los domicilios de las víctimas, a fin de brindar un acompañamiento puntual, con calidad y calidez a las víctimas, pues “no se pueden defender los derechos humanos desde el escritorio”.

Agregó, que en todas las regiones del Estado se instalarán oficinas similares a ésta, a fin de fortalecer el trabajo de la Defensoría.

En este sentido, la titular de la DDHPO Elizabeth Lara Rodríguez indicó que, la oficina regional, estará abierta para todas las personas que acudan a presentar sus quejas o denuncias por violaciones a sus derechos humanos en la calle Isabel la Católica número 17, Colonia la Estación, Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Durante su participación, la maestra y consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, Dulce Lucia Arroyo, celebró la apertura de esta oficina regional, las cuales fortalecerán las herramientas en la materia, en esta zona del Istmo.

En su intervención, el presbítero y director del Albergue «Hermanos en el Camino», José Alejandro Solalinde Guerra señaló que, esta oficina regional permitirá el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos en la búsqueda de una sociedad solidaria y justa, en donde todas y todos tengamos nuestro lugar.

Finalmente, como parte de las actividades del acto de inauguración de la nueva oficina de la DDHPO “Zona Istmo”, se llevó a cabo la Firma de Convenio de colaboración en materia de capacitación en derechos humanos con los Ayuntamientos que conforman la Ruta Migratoria, a fin de trabajar de forma coordinada en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por esa zona.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emite la recomendación 02/2023 dirigida a la Consejería Jurídica del gobierno del Estado de Oaxaca, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a quien le corresponde conocer de la actuación de la Dirección General del Registro Civil de Oaxaca y de la Dirección General del Instituto de la Función Registral para el Estado de Oaxaca, éste último, en su calidad de órgano desconcentrado.

A la Secretaría de Finanzas, quien coordina la función de la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

La DDHPO destaca que el veinticinco de mayo del 2021, recibió el escrito de queja de los promoventes, quienes manifestaron que en septiembre del 2020 realizaron una consulta en la página web de la Dirección del Registro Civil y notaron que sus registros de nacimiento habían desaparecido y que en su lugar se encontraban tres registros a nombre de personas distintas, por lo que al revisar la información de sus propiedades, se percataron que el Instituto de la Función Registral ocultó los registros, que al realizar una consulta en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, advirtieron que los registros catastrales correspondientes a los inmuebles de su propiedad ubicados en el centro de esta ciudad, mostraban un movimiento descrito como compraventa el cual se realizó en el año 2021.

Ante lo anterior, la Defensoría precisa que una vez que se examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/0835/(01)/OAX/2021, iniciado con motivo de la queja presentada ante este Organismo por los ciudadanos Gómez Conzatti y Martínez y la señora Martínez Ramírez, y después de una investigación exhaustiva se acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, a la propiedad y al derecho a la buena administración, por parte de los servidores públicos involucrados.

En ese sentido, es indispensable que a través de los procedimientos legales conducentes, la Dirección del Registro Civil, el Instituto Catastral y el Instituto de la Función Registral, instituciones del Estado de Oaxaca, implementen los mecanismos necesarios dentro de su competencia, a efecto de que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones a derechos humanos documentadas y acreditadas en la presente Recomendación.

Aunado a lo anterior, la DDHPO recomendó a las tres dependencias del Gobierno del Estado involucradas en los hechos, implementar procesos de formación y capacitación en Derechos Humanos, en Gobierno Abierto y Buena Administración, así también investigar la probable responsabilidad en que hubieren incurrido servidores públicos involucrados en los hechos materia de la presente Recomendación a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Es importante destacar que entre los puntos recomendatarios este organismo protector de derechos humanos solicita se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y una disculpa pública a quienes sufrieron menoscabo en sus derechos fundamentales.

Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, indica que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación deberá ser informada a este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.

En atención a las atribuciones que otorgan a este organismo los artículos 102, apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, apartado “A”, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca; artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 13 fracción I y II inciso a), 30 fracciones I y IV, de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; 1º, 16 fracción I, 46, 70 inciso a), 82 fracción II, 100 y 166 del Reglamento Interno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se emite la Recomendación General 01/2023 fundamentada en la inadecuada y reiterada práctica en la que han incurrido servidores públicos del H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y cuya actuación sistemática deriva en los múltiples expedientes de queja que la ciudadanía ha presentado ante esta Defensoría.

Los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están protegidos y son defendidos ante cualquier abuso de autoridad como en este caso del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, los derechos humanos vulnerados y denunciados por la ciudadanía son a la libertad, la seguridad y la legalidad, los cuales se traducen en detenciones arbitrarias, abusos en los puestos de control de alcoholemia, revisiones sin justificación, agresiones físicas por parte de elementos de seguridad municipal, excesos en el cobro de multas y negativa al derecho de petición.

Para este organismo es de urgente necesidad hacer cumplir el derecho constitucional en tanto Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo mandata el párrafo tercero, del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, es nuestro deber hacer cumplir la Carta Magna y no permitir que se violente a la ciudadanía con conductas totalmente adversas a los postulados jurídicos. Es igualmente urgente que se cumplan con los protocolos correspondientes y obligatorios en la conducción de la vida pública de toda la sociedad oaxaqueña.

En ese sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con la facultad conferida por su propia Ley, reclama una justa reparación del daño a quienes demostraron haber sido víctimas de los abusos de autoridad y se proceda a la debida restitución de los afectados en sus derechos fundamentales.

La DDHPO se pronuncia enérgicamente en contra de cualquier tipo de violencia y abuso de autoridad y reitera su compromiso siempre a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los oaxaqueños.