Al presentar el “Diagnóstico sobre la corresponsabilidad para la reinserción de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Oaxaca”, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez resaltó que esta es una herramienta que busca generar sinergias entre el organismo defensor de derechos humanos y las instancias de gobierno, que permite hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como lograr un proceso de reinserción exitoso.
La Ombudsperson Elizabeth Lara indicó que lograr el pleno acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad requiere que todas las instituciones del Estado asuman un papel activo y corresponsable, que nos permita transitar hacia una visión de derechos humanos, una labor prioritaria y necesaria es analizar las situaciones, necesidades y condiciones que persisten en los Centros de Reinserción Social y ejercicios como el diagnóstico permiten difundir las dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad.
Agregó que, analizar la situación que persiste en estos espacios y conocer sus condiciones y necesidades, es necesario para mejorarlos y este diagnóstico ofrece una oportunidad de comenzar a tener información desde un enfoque de derechos humanos que permita generar políticas públicas eficientes en materia de reinserción social.
Por su parte, al intervenir el subsecretario de Prevención y Reinserción Social Roberto Claudio Castillo Ramírez dijo “que en Oaxaca en el tema penitenciario estamos reprobados, el diagnóstico permitirá generar acciones y caminar hacia la ruta correcta desde la aceptación de que estamos fallando, pero este problema no es único de la entidad, pues el sistema penitenciario en México recibe continuas críticas respecto a su falta de eficiencia en materia de reinserción”.
Mientras que, el representante de ASILEGAL , José Luis Gutiérrez explicó que este diagnóstico especifica la corresponsabilidad de cada una de las instituciones y detalló que se recorrieron ocho Centros de Reclusión en el estado, se entrevistaron a 400 personas privadas de su libertad respecto de la forma en la que se les garantizan su derecho a la salud, trabajo, educación, entre otros, añadió que los resultados hacen evidente que se requieren estrategias que permitan a las instituciones asumir su corresponsabilidad para lograr un proceso de reinserción exitoso, y así garantizar que las personas privadas de la libertad puedan recuperar su proyecto de vida.